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Publicado el 2 - 4 - 2006 en Levante - EMV
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Y también dos huevos duros

Antonio Montiel Márquez

Abogado

El nuevo Estatuto valenciano ha concluido con el júbilo de sus muñidores pero casi en los mismos comedidos términos que populares y socialistas –tanto en Madrid como en Valencia- se impusieron como límites cuando decidieron iniciar una reforma estatutaria que, ni durante su redacción ni ahora, parece haber despertado la complicidad e implicación de un pueblo que debiera ser siempre el protagonista de la fiesta.

Que, tras meses de malintencionado bloqueo parlamentario por el sector más derechista de la UCD y aún bajo los efectos del frustrado golpe de estado del 23F, entre los que cabe contabilizar los acuerdos autonómicos de julio de 1981 suscritos por Calvo Sotelo y Felipe González, el Estatuto de 1982 eludiese pronunciarse sobre cuestiones esenciales relativas a la identidad valenciana y derechos básicos de la ciudadanía, al tiempo que limitaba las competencias a asumir y hasta la misma capacidad de autogobierno, imponiendo a los valencianos el tránsito por la denominada vía lenta o de estatutos de segunda, puede ser explicado hoy desde la perspectiva que nos da el tiempo transcurrido. Pero que, casi veinticinco años después, lejos ya la amenaza involucionista y otros factores de presión, populares y socialistas no hayan sido capaces de articular un proceso abierto, ilusionante y participativo, orientado a la ciudadanía y libre de condicionantes políticos de partida, no deja de ser una triste noticia, con independencia de las bondades que, respecto de la carta de 1982, contenga el texto final acordado.

Que, tras meses de malintencionado bloqueo parlamentario por el sector más derechista de la UCD y aún bajo los efectos del frustrado golpe de estado del 23F, entre los que cabe contabilizar los acuerdos autonómicos de julio de 1981 suscritos por Calvo Sotelo y Felipe González, el Estatuto de 1982 eludiese pronunciarse sobre cuestiones esenciales relativas a la identidad valenciana y derechos básicos de la ciudadanía, al tiempo que limitaba las competencias a asumir y hasta la misma capacidad de autogobierno, imponiendo a los valencianos el tránsito por la denominada vía lenta o de estatutos de segunda, puede ser explicado hoy desde la perspectiva que nos da el tiempo transcurrido. Pero que, casi veinticinco años después, lejos ya la amenaza involucionista y otros factores de presión, populares y socialistas no hayan sido capaces de articular un proceso abierto, ilusionante y participativo, orientado a la ciudadanía y libre de condicionantes políticos de partida, no deja de ser una triste noticia, con independencia de las bondades que, respecto de la carta de 1982, contenga el texto final acordado.

Con este Estatuto se alcanza un reconocimiento necesario como nacionalidad histórica con casi veinticinco años de demora sobre las demandas de las valencianas y valencianos de la transición y que, como era obvio y obligado, se mejoran y actualizan aspectos concretos del caduco texto anterior, aunque permanecen buena parte de sus mismas carencias en cuestiones esenciales, tal y como tuvimos oportunidad de comentar en estas mismas páginas hace ya algunos meses (Levante-EMV de 02.10.05).

Parece que los dirigentes valencianos de los partidos impulsores de este acuerdo intuyeron pronto los réditos políticos que para ambos, dentro y fuera de sus respectivas organizaciones, tan necesitadas de definir liderazgos reales e indubitados, podía reportar un rápido acuerdo en materia estatutaria que, además, contribuyese a definir las líneas rojas que sus partidos nodriza necesitaban marcar desde Madrid frente a pretensiones autonomistas más avanzadas propugnadas desde otras nacionalidades. No es difícil imaginar, además, que aquellos se vean obsequiados, más incluso en el resto del Estado español que en esta tierra, con alabanzas sobre su prudencia, capacidad de consenso, sentido histórico y otras lisonjas destinadas a enaltecer una pretendida dimensión de estadistas que puede que se torne vieja de golpe cuando la noche del cuarto domingo de mayo de 2007 el contenido de las urnas nos de la medida de la magnitud del desapego que puede haberse empezado ya a instalar en una parte de la ciudadanía.

Por ello lo relevante a partir de ahora no es tanto la notoria rigidez de los partidos estatutarios a la hora de ceñirse a la hoja de ruta previamente convenida sino el desarrollo legislativo que ahora se debe llevar a cabo y si éste va a mantenerse en la lógica de ese reduccionismo bipartidista o bien esos dos partidos van a ser capaces de abrir el debate y la actividad normativa a la participación de una sociedad que, por definición, es más plural y dinámica de lo que ellos mismos representan.

Resulta pues esencial abordar la elaboración, con mayor generosidad de la demostrada hasta ahora, de las normas básicas que consoliden la autonomía valenciana. Destacando de entre aquellas un rediseño de la ley electoral que, por efecto de la arbitraria barrera del cinco por ciento del total de votos autonómicos –cuando las circunscripciones electorales son de base provincial-, condena de partida a miles de electores a la marginación política e impide que el pluralismo de la sociedad se traslade de manera suficientemente proporcional a la cámara autonómica.

Tanto como necesario resulta que, junto a las leyes que han de desarrollar los derechos sociales que enumera el Estatuto y que son eco de declaraciones y mandatos ya existentes en el texto constitucional, se elabore una nueva ley reguladora de la iniciativa legislativa popular que haga efectivo el acceso de la ciudadanía a la cámara autonómica de forma tal que el derecho de participación no quede limitado a una mera cita ritual cada cuatro años, fijándose facilidades y medios adecuados para incorporar realmente a los ciudadanos a la actividad política, como es normal en las democracias que se pretenden avanzadas.

Esas y otras reformas legales son las que están llamadas a dar entidad política a la autonomía valenciana y no extrañas declaraciones de tan nula efectividad jurídica que hasta la prensa más afín a los populares editorializaba el pasado martes calificándola de brindis al sol, entre otros comentarios. Y es que no se necesita ser jurista para apreciar que, por mucha solemnidad de la que se la revista, una declaración que comienza precisando que “cualquier modificación de la legislación del Estado que, con carácter general y en el ámbito competencial, implique una ampliación de las competencias de las Comunidades Autónomas”, de todas ellas, afectará también a los valencianos, es tan trascendente como afirmar que mi patio es “particular” pero cuando llueve se moja “igual que los demás”.

Como tampoco pueden tener mejor interpretación los apartados que imponen a nuestras instituciones el deber de “velar por que el nivel de autogobierno … sea actualizado en términos de igualdad con otras Comunidades” o de que “cualquier ampliación de las competencias de las Comunidades Autónomas que no estén asumidas en el presente Estatuto o no le hayan sido atribuidas, transferidas o delegadas” a nuestra Comunidad, obligue a los propios valencianos a “promover las correspondientes iniciativas para dicha actualización”. Eso es todo lo que cabe esperar de la famosa cláusula, para lo del pasodoble habrá que esperar algo más y, ya saben, cuando haya cambio general en el menú del día, pidan lo mismo, y también dos huevos duros.

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