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Publicado el 1 - 7 - 2007 en Levante - EMV
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El retorno de Pompeya como paradigma patrimonial

Josep Vicent Lerma Ricardo González Villaescusa

Ricardo González Villaescusa

Doctor en Arqueología. Catedrático de Arqueología de la Universidad de Reims

Josep Vicent Lerma

Arqueólogo colegiado nº 13.926

“Las excavaciones parecen encontrar su justificación en el mero hecho de producirse, sin que tenga importancia el objetivo finalista que deberían perseguir”.
I. Rodríguez Temiño. El expolio del patrimonio: la arqueología herida. Simposio del “Ayer para el Mañana”. Ávila, 2003.

Después del sonoro oxímoron de A. Ribera sobre la Almoina, publicado en estas mismas páginas de Levante-EMV (21-06-07), parafraseando el título de la célebre serie británica de los años ochenta que narraba las peripecias de la familia Bellamy “Arriba y Abajo” (Upstairs, Downstairs), nos ha parecido oportuno compartir con los lectores una reflexión pública sobre el Patrimonio Histórico valenciano en general y el Arqueológico en particular, en el actual paisaje para después de la última batalla electoral.

En los próximos parágrafos intentaremos demostrar que en realidad no han existido auténticas políticas patrimoniales de la Conselleria del ramo, sino un dirigismo cultural genérico, si por tales entendemos una serie de acciones que tiendan a favorecer el acceso de la mayoría social a los denominados bienes culturales, fomentando, al mismo tiempo, valores democráticos que vayan mas allá de las meras cifras que demuestran que tal o cual acción ha tenido éxito. La cultura y el patrimonio son, pues, el más claro exponente de las políticas keynesianas en las que el Estado debe estar presente allí donde no llega el mercado.

La propia definición de Patrimonio tiene un profundo enraizamiento en el propio capitalismo: “el valor de las cosas que se transmiten”. Tanto es así que existe un cuestionado impuesto sobre transmisiones hereditarias y que, inconcebiblemente, nuestra derecha local es capaz de pretender eliminar, como el recién elegido Sarkozy, cuando los empresarios franceses o norteamericanos han firmado sendos manifiestos en que defienden la exacción impositiva de las transmisiones hereditarias, lo que fomenta el concepto del trabajo calvinista como fuente de riqueza. La transmisión no impositiva de caudales y haciendas ya fue poco comprendida por los primeros Ilustrados del Antiguo Régimen, que veían con malos ojos las herencias y privilegios no procedentes del trabajo personal.

¿Y todo ello qué tiene que ver con el Patrimonio Histórico y las políticas culturales de nuestra Comunidad? La actual concepción del Patrimonio es una idea esclerotizada, falta toda una reflexión institucional sobre el hecho de que somos todos nosotros, los que creamos día a día el Patrimonio. Es preciso practicar políticas activas de “patrimonialización” tal y como las define A. Micaud, es decir, aquella “actividad social consistente en crear cualquier cosa que toma nombre y valor de patrimonio”.

De hecho, en su viejo programa de 2003, los populares valencianos afirmaban que habían aprobado diversas leyes desde 1995, entre 1998 y 1999, que concernían al Patrimonio Cultural y la Conservación y Restauración de Bienes Culturales. El ejemplo del Patrimonio viene a demostrar que los anteriores legislativos no tenían claro qué hacer con esos códigos leguleyos, pues desde entonces se han aprobado dos modificaciones más de la misma Ley de Patrimonio Cultural Valenciano (Ley 4/98) sin que se haya siquiera aprobado el Reglamento de Actividades Arqueológicas o hecho cumplir algunos aspectos fundamentales de la misma ley como la elaboración del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.

Si, además, prestamos atención a ambas modificaciones, se trata de dos flagrantes evidencias de que si la realidad venal no es acorde con las leyes... hay que cambiar la ley. La primera modificación tenía como intención ganar en sede parlamentaria la batalla perdida en la calle o en los tribunales para acomodarla a las intenciones de urbanizar el antiguo barrio modernista del Cabanyal. La segunda, dar cobertura legal a un exceso reconstructor con la intención de crear casi “ex novo” un monasterio, el de Santa María de la Valldigna con algunos pocos elementos originales. Una impostura identitaria de “nacionalismo de alpargata”. Igualmente se ha perdido la lucha sobre la protección de la Huerta de Valencia al rechazar en dicho parlamento la Iniciativa Popular de protección de la misma, contraviniendo el espíritu de participación de la sociedad civil, previsto por el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana.

Del mismo modo, la avocación de las competencias de los antiguos servicios municipales de arqueología por la Generalitat los ha dejado sin objetivos ni sentido operativo. Si ha de ser así, esos servicios sin cometidos claros pueden dejar de existir con una mínima dignidad y sin necesidad de sustitutivos proyectos arqueológicos de relumbrón en países extranjeros -ahora que R. Polanski ha decidido rodar aquí su “Pompeya”-, que la gestión real no se verá gravemente afectada por ello, son demasiado onerosos para los parcos resultados como instrumentos de gestión urbana que proporcionan a sus urbes. Puesto que en definitiva se trata de un problema de gestión y no tanto de investigación.

Por consiguiente, se trataría de pergeñar toda una nueva filosofía de gestión pública del Patrimonio Histórico valenciano.

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