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Publicat el 28 - 10 - 2012 a Levante - EMV
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Burbujas

Antonio Montiel Márquez

Advocat

El jueves 11 de octubre, el presidente de Les Corts mandaba cerrar las

puertas del parlamento valenciano como toda respuesta a los manifestantes que exigían los pagos atrasados de las ayudas a personas dependientes.

Días antes, el 25 de septiembre, el parlamento español aparecía “blindado” por fuerzas de seguridad que impidieron que se acercasen los miles de manifestantes que expresaban su crítica al papel de las instituciones en esta crisis y reivindicaban fórmulas más democráticas.

Escandaliza la imagen de esas instituciones que, con tanta solemnidad como hueca retórica, son calificadas repetidamente de templos de la soberanía popular, cerradas a cal y canto a expresiones legítimas de las inquietudes y demandas de la ciudadanía.

Esta cerrazón es reveladora de la cautela, cuando no abierto temor, con que el sistema (instituciones, partidos políticos, poderes económicos, etc.) contempla la progresiva indignación de la sociedad ante el constante deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población y la evidente incapacidad de los actores políticos tradicionales para enfrentarse a los intereses del capital financiero y especulativo oponiéndose al desmantelamiento de los servicios públicos básicos -elementos necesarios de inclusión y construcción de ciudadanía-, frenar el empobrecimiento de la población y detener la brecha abierta entre la mayoría social y una minoría cada vez más enriquecida.

En la cerrada defensa que los partidos tradicionales siguen haciendo de un modelo económico que nos ha llevado a esta crisis, así como en la vergonzosa protección que siguen otorgando a muchos de los agentes responsables de buena parte de las erróneas decisiones económicas y políticas que estuvieron en su origen, se evidencia no sólo la ausencia de proyecto político autónomo, sino su triste dependencia de intereses y poderes >que no extraen su legitimidad de las urnas.

Así, en un momento en el que la política -que sí obtiene de las expresiones de la ciudadanía su legitimidad democrática- debiera erigirse en instrumento para poner coto a la incontrolada violencia de los mercados combatiendo la desigualdad y favoreciendo la redistribución equitativa de recursos y oportunidades resulta que sus clásicos administradores, los partidos políticos, se vienen abajo en la confianza de la ciudadanía.

Encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas revelan que la mal llamada clase política ha pasado del 4’7% en mayo de 1985 al 26’9 % en septiembre de 2012 en el índice de percepción de problemas, consolidándose como una de las preocupaciones principales de nuestros conciudadanos, después del paro y la situación económica, tras casi año y medio ocupando el tercer lugar entre los problemas de la sociedad española.

Por ello no sorprende que en las recientes elecciones autonómicas en Euskadi y Galicia la abstención siga instalada en torno al 35 por ciento del electorado y que, más allá del reparto proporcional de escaños en juego, el PP y el PSOE hayan perdido en conjunto alrededor de 600.000 votos respecto de 2009. O que los socialistas, principales perjudicados por el desencanto electoral, sufran una notoria sangría de afiliados –menos acusada en aquellos territorios en los que gobiernan, por obvias razones clientelares-.

Mientras tanto en la calle, en las redes sociales y en otros foros sociales alternativos, junto al malestar social, hierve la inquietud política. Pero lo que debería ser percibido por los partidos políticos, especialmente por los que se autodenominan de izquierda, como un estímulo y una fuente de renovadas energías, se recibe con no poca prevención y desconfianza.

A esa izquierda le va a hacer falta algo más que operaciones modernizadoras del tipo elecciones primarias o listas desbloqueadas, aunque estas fórmulas sean sin duda positivas. Si quieren seguir desempeñando una función relevante para la sociedad tendrán que abandonar su ensimismamiento para reconquistar la confianza de la ciudadanía, haciendo frente a los problemas reales de desigualdad social, explicando sus verdaderas causas y colocando en primer lugar la defensa de los derechos sociales, las libertades públicas y la reinvención compartida de una democracia más participativa, aunque ello les suponga asumir serias limitaciones a su privilegiada posición institucional actual.

En general, los partidos políticos que aspiren a sobrevivir a los cambios sociopolíticos acelerados por la devastadora crisis actual, están abocados a abandonar esa caduca forma de partidos burbuja, cerrados, volcados en sus cuitas internas y ajenos a la realidad que, como sucede con unos parlamentos creados a su particular conveniencia, han construido de sí mismos.

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