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Publicat el 3 - 3 - 2013 a Levante - EMV
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Crepi il lupo!

Antonio Montiel Márquez

Advocat

En el debate de política general en torno al estado de la nación, el presidente del gobierno, obligado a adoptar alguna iniciativa política ante la presión ciudadana y el acoso de los medios de comunicación, planteó la necesidad de un pacto político para combatir la corrupción.

Con esta propuesta, forzada por la propia debilidad del Partido Popular sometido a un calculado chantaje por algunos de sus antiguos fontaneros, se ha confirmado de manera solemne ante la opinión pública lo que ya era un secreto a voces: la estrecha imbricación existente entre unos partidos políticos, que desde hace ya un año ocupan el tercer puesto en el índice de problemas percibidos por los ciudadanos, y la corrupción, que desde hace un par de meses, ha vuelto a auparse hasta el cuarto lugar en el barómetro elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas.

Si antes era una presunción, ahora es público y oficial. Los partidos políticos necesitan de más acuerdos, normas y controles para combatir una corrupción en la que, a los ojos de la ciudadanía, tienen un papel más que relevante y que se percibe como un fenómeno patológico y persistente del que ninguna de las fuerzas políticas convencionales parece estar a salvo.

Presentar -tal como hizo el Sr. Rajoy- la necesidad de que los partidos políticos suscriban un pacto anticorrupción como garantía de un rigor ético que debiera serles consustancial o simplemente para asegurar la observancia de las leyes, resulta casi tan extravagante como plantear la suscripción de, pongamos por caso, un pacto antipederastia como medida necesaria para combatir tan repugnante delito.

Lo que algún avispado asesor del presidente Rajoy debió pensar que era un golpe de efecto para retomar la iniciativa política perdida, más parece que ha venido a poner en evidencia la fragilidad de un gobierno que se encuentra atrapado entre un puñado de delincuentes -de los que Bárcenas sería sólo el más sobresaliente- y una manada creciente de tiburones que cada día se van haciendo más de notar entre las mismas filas populares.

En 1996, los expertos independientes integrantes de la “Comisión de estudios sobre la prevención de la corrupción” convocados por el Presidente de la Cámara de los Diputados italiana, definieron la corrupción como “una forma de acuerdo entre una minoría con el fin de apoderarse de bienes que corresponden a la mayoría de la población, considerada ésta, bien como simple conjunto de consumidores, o como conjunto de ciudadanos electores”.

Esta acepción de la corrupción viene a apuntar al verdadero problema de esta práctica detestable, la de la apropiación particular de bienes y recursos que pertenecen a la comunidad por parte de una minoría que, al saqueo de lo público, añaden la erosión de la confianza de la ciudadanía en el sistema político democrático, aparentemente incapaz de sacudirse esa forma de parasitismo, y que acaba así por verse deslegitimado en su conjunto.

Por esta razón, denunciar y combatir la corrupción, tanto política como económica, debe ser una exigencia ética permanente más allá de huecas declaraciones institucionales. Exigencia más acuciante aún en tiempos como los actuales de profunda crisis económica, cuando las limitaciones y recortes en el estado del bienestar impuestos desde lógicas conservadoras están reduciendo dramáticamente el acceso de amplias capas de la población a los beneficios y oportunidades que trabajosamente se habían venido estableciendo en los últimos treinta años.

Si las viejas elites de una transición que privilegió la institucionalización de unos partidos políticos que han acabado como parte esencial del problema, no son capaces más que de plantear pactos, normas y controles de incierta eficacia cuando lo que urge es autoexigencia ética, rendición de cuentas, transparencia y sentido de la responsabilidad política, e imprescindible profundización participativa del sistema democrático, unas y otros corren el riesgo de aislarse aún más de una sociedad cuya creciente indignación puede acabar por arrumbar las caducas estructuras partidarias actuales.

La experiencia italiana, desde la penetración de la corrupción en el sistema económico y político y su incidencia en la implosión de los partidos tradicionales, hasta los más recientes experimentos populistas, de corte autoritario o alternativo, deberían servir de material de reflexión (y orientación)a quienes siguen empeñados en defender el status quo manteniendo a la ciudadanía en un irreal (y peligroso) estado de minoría de edad democrática.

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