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Publicat el 14 - 4 - 2013 a Levante - EMV
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Otro futuro para los montes

Ricardo Almenar

Biòleg i consultor en Desenvolupament Sostenible

Maria Àngels Ull

Biòloga. Professora de la Universitat de València

Distintas entidades de carácter profesional o empresarial han avalado recientemente la intención de la Generalitat de privatizar la gestión de determinados montes públicos valencianos con el argumento de que tal decisión –calificada de «hito histórico» por dichas entidades- «contribuirá enormemente al desarrollo rural sostenible del interior valenciano generando muchos empleos directos e indirectos». O sea, que el hecho de privatizar lo que anteriormente era una gestión pública va a estimular «enormemente» la economía, el desarrollo sostenible y la ocupación.

Bien, si realmente la gestión forestal tuviera semejante efecto estimulador, tal efecto se habría producido ya… en los montes de propiedad privada que constituyen, además, las dos terceras partes del total. Nada de eso ha ocurrido, ciertamente. La contribución de los montes privados gestionados privadamente al «desarrollo rural sostenible», a la actividad económica y al empleo ha sido –con las excepciones de rigor- «enormemente» escasa y no lo contrario.

En realidad, lo que sucede es que los montes –tanto privados como públicos- tienen un peso económico irrelevante. Ocupando más de la mitad de territorio valenciano, sus clásicos productos y aprovechamientos (madera, leñas, resina, corcho, hongos, pastos, etc.) suponen menos de la milésima parte del PIB regional. Ni imputando a lo forestal una parte razonable de lo que anualmente suponen actividades terciarias como la caza o el turismo rural, la exigüidad de su aportación cambia significativamente: como mucho subiría hasta varias milésimas del PIB valenciano. Y esta situación de marginalidad económica va a continuar en el inmediato futuro, salvo caso de colapso. Un escenario posible pero convengamos que no deseable.

Así pues, económicamente los montes hoy no existen. Ecológicamente, sin embargo, la situación es la opuesta. Los montes valencianos, sus propietarios y gestores brindan múltiples y variados servicios a la economía, calidad de vida y bienestar social de los habitantes de la Comunidad Valenciana. Entre ellos se cuentan la regulación local y regional del clima, la lucha contra el cambio climático global, el control de la erosión edáfica, la regulación de las aguas superficiales, la recarga de acuíferos, la moderación de inundaciones, el incremento de la vida útil de los embalses, el control de plagas, la polinización de cultivos,… y el constituirse en fuente de valores recreativos, paisajísticos, simbólicos, e identitarios, también.

Pese a su singular importancia económica y social estos servicios ecosistémicos forestales son enteramente gratuitos. Constituyen lo que los economistas denominan externalidades, ajenas al mercado y a la fijación de precios. Representan todo un agujero negro económico: no se consideran, no se evalúan, no se cuantifican, no se pagan y no se cobran. Si al menos una parte de esos servicios ambientales generados por los montes –aquella más fácilmente cuantificable y convertible en unidades dinerarias- se retribuyera por sus actuales beneficiarios, los productores (empresas) y los consumidores (familias) de la Comunidad Valenciana, el resultado sería un cambio completo en la actual disociación de lo económico y lo ecológico. Ello sí que sentaría las bases de un genuino «desarrollo sostenible rural».

Los autores de este artículo confían que en el futuro –y más bien pronto que tarde- puedan instaurarse sistemas de remuneración de los servicios ambientales forestales, ya sean de carácter privado, público o mixto. Sin desdeñar el papel que puedan tener acuerdos privados entre oferentes y demandantes de tales servicios, se inclinan por un sistema mayoritariamente público al estar involucrados, tanto múltiples servicios, como múltiples beneficiarios. Desde hace años vienen proponiendo que los fondos necesarios para poner en marcha semejante sistema público se obtengan de la recaudación de dos tasas: una sobre las emisiones totales de CO2 y otra sobre el consumo de agua urbanoindustrial.

El futuro de los montes valencianos –y de las comunidades rurales que viven en su entorno- seguirá siendo sombrío mientras quienes diseñan la política forestal continúen centrando la gestión en maximizar producciones hoy económicamente marginales (para ello se confía en la entrada de la iniciativa privada) en lugar de optimizar la prestación de servicios, día a día más importantes. Como en el caso del agua hace algunos años, los actuales responsables de la Generalitat reinciden en el mismo error: que los caminos trillados del pasado representan la única opción de futuro. Pero no es así.

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